El Gobierno tendrá que reducir un 25% el gasto en publicidad institucional de la Administración General del Estado. Así lo prevé una proposición no de ley de CiU que aprobó este miércoles la Comisión de Política Territorial del Congreso. Los nacionalistas catalanes pedían en su texto una rebaja del gasto del 50%, pero finalmente aceptaron fijarla en el 25% tras incorporarse una enmienda transaccional del PSOE. En la proposición aprobada, el Congreso insta al Gobierno a “proceder, conforme a los criterios de rigor y austeridad que se vienen aplicando, a una reducción del 25% en los gastos de publicidad institucional correspondientes a la Administración General del Estado, ya sean los de los propios Ministerios o los de los entes vinculados a ellos”.


El Ejecutivo y los entes públicos dependientes de ministerios “deberán concentrar la publicidad institucional de la manera más eficiente posible en torno a la información necesaria para aproximar la Administración General del Estado a la ciudadanía”. Asimismo, se deberá primar en la publicidad de la Administración General del Estado “la difusión de los plazos y modos de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos”.

El diputado de CiU Jordi Jané dijo que “en tiempos de austeridad y rigor presupuestario”, el Gobierno está obligado a reducir el “autobombo” en este tipo de gastos, por lo que se felicitó de la aprobación de la iniciativa parlamentaria defendida por su grupo, porque “compromete al Gobierno” a tener una política “más responsable” en gasto publicitario. En la sesión, el parlamentario de CiU cuestionó la utilidad y el coste de algunas de las campañas publicitarias del Gobierno, como las que difundían el programa económico conocido como `Plan E´ que, según Jané, “en algunas ocasiones llegaba a costar más el propio panel publicitario que la obra en arreglar una acera que se venía a anunciar en determinados municipios”.

El Consejo de Ministros aprobó en enero pasado una partida para publicidad institucional y comercial para 2011 de 222,4 millones de euros, lo que supone un 19,7% menos que el año pasado, cuando se destinaron a este fin 276,9 millones. Esos 222 millones servirán inicialmente para 108 campañas institucionales, seis menos que el año anterior. Tras ese Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el Ejecutivo continuará “manteniendo aquellas campañas de publicidad imprescindibles”, pero tratará de hacerlas “más baratas como corresponde con la austeridad que predican los Presupuestos Generales del Estado”.