Una vez analizados los pliegos del Acuerdo marco para la centralización de la compra y planificación de medios de publicidad institucional, la Asociación de Agencias de Medios (AM) cree que “volveremos a tener concursos en los que la Administración obtenga como resultado algo contrario a lo que se busca: eficacia en la comunicación” según manifiesta Leo Farache, director general de la AM. “Además”, añade, “no entendemos cual han sido los motivos que condujeron a responsables de la Administración a pedirnos nuestra opinión, puesto que esta no ha sido –en manera alguna- tomada en cuenta. Hemos trabajado mucho y en balde.”


La AM resume en los siguientes puntos su insatisfacción que le conduce a pedir la rectificación de los pliegos:

La redacción de los pliegos deja, de nuevo, abierta la posibilidad  a poder adjudicar concursos que contengan errores primarios en la planificación de medios puesto que no deja claro conceptos claves para una correcta valoración.

La redacción de los pliegos prima cuestiones económicas (por ejemplo, el precio del grp) sin combinarlas adecuadamente con valoraciones de la calidad de la planificación (que son igualmente objetivables).

No exige que los adjudicatarios tengan las fuentes  de investigación principales. “Es como si en la adjudicación de cualquier concurso de ingeniería el licitador se pudiera presentar por el hecho de tener ordenadores y no el software adecuado para el trabajo”

No valora criterios que cualquier empresa convocante debería tener en cuenta: personal y sus capacidades técnicas, herramientas de investigación propias, otros materiales que permitan que el trabajo se realice adecuadamente, así como su experiencia.

No existe remuneración  al adjudicatario. Los licitadores deberán incluirlo  en el precio de compra. “Creemos que estéticamente es una propuesta hiriente por parte del convocante y que, además, está lejos de favorecer la transparencia”.

Se pretende que se asegure el precio de la publicidad  durante un período máximo de tres años y medio.

El comprador –en este caso la Administración- está en su derecho de pedir lo que quiera pero simultáneamente en su deber de pedir de forma que no atente contra la viabilidad de las empresas y la lógica del negocio.

“Nos sentimos contrariados como profesionales de la industria puesto que estos pliegos nos dan a entender el escaso conocimiento que se tiene  por parte de la  Administración del funcionamiento del trabajo objeto de los pliegos y como ciudadanos porque no queremos que el dinero de todos se vuelva a utilizar de forma equivocada” declara el director general de la AM.